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viernes, 7 de octubre de 2016

Reforma a la Ley de Telecomunicaciones es privatizadora

El Parlamento Nacional dominado por mayoría derechista aprobó una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que la pondría en la mira de privatizaciones


T/ Voz Proletaria
F/ Archivo


Caracas, octubre de 2016. Voz Proletaria.- La Asamblea Nacional venezolana, el pasado jueves 29 de septiembre, aprobó en segunda discusión un proyecto que contempla la reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La particularidad de este proyecto de ley es que modificaría el interés público de la explotación, instalación y prestación de servicio de las telecomunicaciones a un denominado “interés general”. Esta acción, según diputados del chavismo “abriría las puertas a la privatización del sector”.

La diputada oficialista Tania Díaz, afirmó que los artículos 57, 58, 108, 110 y 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) dejan claro que la comunicación es un derecho fundamental el cual debe ser garantizado por el Estado Venezolano a la ciudadanía. “Esto le da el carácter de interés público al área de las telecomunicaciones”, explicó.

Opinión similar profesó el Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) William Castillo, quien puntualizó que esta reforma es la legalización para proceder a privatizar el espacio radioeléctrico. Denunció además que dejaría censuradas a más de 200 emisoras comunitarias creadas por el pueblo al amparo del marco de la Ley tal como se encuentra actualmente. “Es una ley que se abroga atribuciones penales que no puede tener. Es una ley que elimina facultades del Estado, que abre las puertas a la privatización, que regala el espectro radioeléctrico” afirmó Castillo en una entrevista en el canal del Estado, Venezolana de Televisión.

Pero las pretensiones de la burguesía con la reforma a esta ley van más allá, pues “no resuelve -afirma Castillo- ningún problema de fondo y sí establece concesiones y permisos a favor de los dueños de radios y de canales de televisión“. Explicó que también exige el pago del Estado a los medios privados por la transmisión de cadenas de radio y televisión con las cuotas de las pautas publicitarias. “Es una ley inaplicable. Es una ley absurda”, aseguró.

La diputada Díaz afirmó que esa reforma favorece la concentración “en manos de quienes tengan mayores posibilidades económicas del uso de este bien público. Favorece la creación de monopolios en información y comunicación en el país”.

Los diputados afectos al gobierno nacional denuncian que la manera cómo se discutió y se aprobó esa ley en el parlamento es totalmente ilegal, pues en las discusiones no participaron todos los sectores vinculados al área de las telecomunicaciones, como por ejemplo los medios alternativos y comunitarios. En la consulta pública no se convocó ni siquiera a la bancada del gobierno para participar en la misma.

Los diputados del bando gubernamental, que se hacen llamar “bloque de la patria”, denunciaron que la Asamblea Nacional nombró una comisión de supervisión que usurpa las competencias que actualmente tiene CONATEL. Así, esta comisión podría censurar a los medios que ella considere, es decir, callarían todas las voces distintas a la voz de la burguesía de derecha. La censura previa que establecería podría incluso aplicarse contra el Presidente de la República.

Miembros del bloque parlamentarios añadieron que el derechos constitucional que “nos costó décadas de batallas y peleas para que la Constitución diga que la comunicación es libre y sin censura no es eliminado directamente, pero la ley tiene dos artículos que establecen que el Presidente de la República puede solicitar la cadena en los medios de comunicación social, pero con limitación de los temas y no puede hablar de temas políticos”.

La diputada Tania Díaz informó que esos artículos también se aplican a los medios de comunicación alternativos y comunitarios. “Según la reforma de la ley se circunscriben a las parroquias y no pueden hacer proselitismo político”, ante lo cual, la diputada del partido de gobierno se pregunta “¿Quién va a determinar si están haciendo o no proselitismo político?”.

Diputados de la derecha afirmaron que uno de los objetivos que se pretenden alcanzar con esta ley es luchar contra la hegemonía que, según ellos, tiene el gobierno sobre los medios de comunicación y que CONATEL sea un organismo autónomo y que el otorgamiento de concesiones no tenga ningún tipo de relación con la posición política de los medios privados de comunicación. En pocas palabras, legalizar el terrorismo mediático abierto que existía en el año 2002 y que permitió a los medios organizar el golpe de Estado de ese año y ser la punta de lanza de paro petrolero que causó enormes pérdidas a la nación durante los meses diciembre, enero y febrero de 2002 y 2003. Se espera que esta ley sea declarada inconstitucional.

Extraído de Voz Proletaria Nro 104.

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