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sábado, 28 de marzo de 2015

Gobierno español aprueba ley que criminaliza la protesta social

Caracas, marzo 2015. Voz Proletaria.- Se trata de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como “Ley Mordaza”, que restringe el derecho a la protesta, con la oposición de todos las fuerzas políticas menos el derechista de Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, impulsor de la norma.

La oposición y las organizaciones sociales bautizaron la reforma con ese nombre al entender que el objetivo es intimidar a la clase trabajadora y limitar el derecho de libertad de expresión y manifestación.

Durante el debate que tuvo lugar en la Cámara Baja, los grupos parlamentarios opositores insistieron en que la nueva ley instaura un “estado policial”.

Por su parte, los activistas sociales que se oponen firmemente a la ley consideran que se trata de un instrumento de represión similar a los de la dictadura franquista.

Durante el debate de este viernes, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, aseguró que cuando entre en vigor la ley se verá que “la libertad queda garantizada”.

Sin embargo, el diputado de Izquierda Unida (IU) Ricardo Sixto reiteró por enésima vez que existen paralelismos entre la nueva norma y los mecanismos represivos de la “época franquista”.

La reforma del PP, aprobada gracias a la mayoría absoluta de los conservadores en el Parlamento, comenzó a delinearse en 2013, en el momento de mayor convulsión social por las protestas contra las políticas neoliberales del Ejecutivo.

Pero el proyecto inicial sufrió modificaciones sustanciales después de meses de resistencia y de que órganos consultivos del Estado consideraran que varios de sus puntos podían ser inconstitucionales.

A pesar de ello, el texto aprobado siguió generando resistencia, incluso los partidos opositores prometieron derogar la norma cuando cambie la mayoría parlamentaria.

De hecho, a último momento, el Ejecutivo planteó una enmienda que generó un fuerte rechazo, ya que introducía una modificación a la ley de Extranjería para dar cobertura a las “devoluciones en caliente”, como se conoce el rechazo automático de los inmigrantes “sin papeles” que saltan las vallas de los enclaves españoles norafricanos de Ceuta y Melilla, fronterizas con Marruecos.

La nueva norma modifica una ley del año 1992 y se elabora en paralelo a la reforma que endurece el Código Penal español, del que desaparecen las faltas, que se transforman en conductas punibles e infracciones administrativas, que ahora desarrolla la ley de Seguridad Ciudadana.

Uno de los temas polémicos es las cuantías de las sanciones, que para infracciones muy graves prevé multas de entre 30.000 y 600.000 euros, para las graves de 30.000 a 601 y para las leves de 600 a 100 euros.

Originalmente la ley consideraba grave una concentración o manifestación ante el Congreso, Senado o parlamentos regionales que no hubiesen sido comunicadas, mientras ahora esto se considera “leve”.

Pero si la manifestación no es comunicada y perturba gravemente el orden público, entonces sí se considera una infracción “grave”.

Las manifestaciones o reuniones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan consideración de infraestructuras críticas, como las centrales nucleares, son consideradas infracciones “muy graves”.

La desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse también se consideran infracciones graves, igual que la negativa a disolver reuniones o manifestaciones o la perturbación del desarrollo de una manifestación lícita.

LibreRed/Telam

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