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viernes, 7 de septiembre de 2012

Duras medidas contra los detenidos y sus familias en la prisión de Al-Hayer

En Arabia Saudita la palabra derechos humanos es casi desconocida, mientras tanto los países occidentales no prestan atención a lo que allí sucede

En Arabia Saudita no existe parlamento
ni constitución, todo el poder está
concentrado en manos de la
monarquía pro-estadounidense
  Caracas, sep de 2012. Voz Proletaria, VP.- “La cifra total de detenidos es de casi 30.000. Los encarcelados no saben cuándo les dejarán libres, porque a menudo ni se les somete a juicio ni reciben por tanto sentencia, y cuando sí se les ha juzgado y sentenciado, no se les libera al cumplir la condena. Esta es la situación de la mayoría de los prisioneros políticos en Arabia Saudí”.

   Esas son las palabras de más de 500 mujeres saudíes contenidas en una petición que solicita apoyo para que se libere a sus familiares presos. Alkarama, una ONG suiza, que tiene su sede en Ginebra y que centra sus esfuerzos en la promoción y protección de los derechos humanos en el Mundo Árabe, recibió esa petición el 23 de julio de 2012. Las detenciones ilegales o arbitrarias son objeto de grave preocupación respecto a la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí.

   Los sucesos ocurridos en la Prisión de Al-Hayer, cerca de Riad, Arabia Saudí, ponen de manifiesto esta dramática situación. Las familias de los detenidos y los activistas por los derechos humanos afirman que en Al-Hayer, desde hace casi dos meses, se viene sometiendo a los presos a toda una serie de duras medidas represivas. Al-Hayer es una prisión de máxima seguridad y la mayor de las cárceles en Arabia Saudí. El complejo incluye instalaciones tanto para delincuentes comunes como para acusados de delitos contra la seguridad y, al parecer, encierra a un grupo de supuestos terroristas así como de presos políticos. En septiembre de 2003, estalló un grave incendio en Al-Hayer en el que murieron sesenta y siete presos y al menos otros veinte resultaron heridos.

  Cuando empezó julio de 2012, se informó de tensiones en la prisión debido a las injustas y duras condiciones que un gran número de personas detenidas arbitrariamente tenía que soportar. El viernes 23 de julio, a Mohammad Mosleh Al-Shahri, que padece cáncer, se le negó el tratamiento médico. Esta acción provocó una protesta masiva de los detenidos en el Ala 3 de la Prisión Nueva de Al-Hayer, una de las recientes ampliaciones de la prisión que fue construida en 2009. Los consiguientes enfrentamientos violentos entre los detenidos y las fuerzas de seguridad se extendieron rápidamente a otras alas donde los guardias no consiguieron acallar las protestas y controlar a los detenidos. A sus familias se les ha impedido que visiten a sus familiares, con un apagón informativo casi total que ha provocado profundos temores y preocupación entre las familias y las organizaciones de los derechos humanos.

  Enfrentadas a ese apagón informativo total, las familias escribieron una carta urgente al Buró de Investigación y Procesamiento saudí (la unidad del gobierno encargada de investigar los informes sobre actos ilícitos) para hacer llegar su profunda preocupación. Finalmente se reunieron con un funcionario que negó que se estuviera cometiendo algo indebido. El 17 de julio, las autoridades saudíes emitieron un comunicado describiendo “incidentes menores” en la prisión, aunque otras fuentes informaron de la muerte de dos detenidos y de las heridas sufridas por varios más. Insatisfechas por la respuesta de las autoridades saudíes, las familias enviaron una carta al Rey y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, exigiendo que se les restituyera su derecho a visitar a sus familiares. También se dirigieron a la Comisión saudí de Derechos Humanos (la institución nacional que se ocupa de los derechos humanos) y a la Sociedad Nacional de los Derechos Humanos (una ONG próxima al gobierno), todo en vano. El fiscal público llegó incluso a echar a las familias de su oficina, mientras, tanto la Comisión saudí de Derechos Humanos como la Sociedad Nacional de los Derechos Humanos negaron que estuviera sucediendo algo preocupante en la tristemente célebre prisión.

   Al negarles el acceso a los detenidos, sus familias empezaron a reunirse para protestar frente a Al-Hayer a fin de conseguir más información y visitar a sus familiares. Fueron violentamente dispersados. En 13 de agosto, se convocó en la prisión a un grupo de familias de detenidos para que “razonaran” con sus familiares presos. Una vez en prisión, les llevaron a lo que parecía ser un ala vacía y aislada. Un oficial de la prisión le pidió al hermano de un detenido y a otros familiares que firmara un “documento oficial” sin membrete, en el cual aparecía escrito: “He visitado a mi hermano y tratado de convencerle de que dejara la rebelión y se ha negado”. Las familias rechazaron firmar el documento a pesar de las amenazas de los encargados de la prisión, temiendo que así pudieran justificar las muertes de sus familiares en una fecha posterior. A otros integrantes de las familias se les contactó el 14 de agosto y también se les dijo que les iban a permitir reunirse con sus familiares. Sin embargo, cuando un grupo de alrededor de 150 personas acudió, solo permitieron que entrara en la prisión un grupo de escasas veinte personas. A los que entraron se limitaron a mostrarles fotos de sus familiares y después les dijeron que se fueran. El grupo más pequeño protestó dentro y fue violentamente golpeado y atacado con gas lacrimógeno y armas no letales. Algunos estuvieron arrestados durante horas. Después, el 19 de agosto, con ocasión del Eid el Fitr –la festividad religiosa que marca el final del Ramadán-, alrededor de cien familiares trataron de visitar a sus parientes en prisión para llevarles regalos. Fuerzas antidisturbios les impidieron la entrada, utilizando fuego real por vez primera desde el comienzo de los sucesos. No se ha informado de que hubiera muertos o heridos.

   Hace casi dos meses que las familias no han podido visitar a sus familiares o incluso conseguir información acerca del estado en que se encuentran. La situación ha ido acompañada de un apagón casi total en los medios, tanto interna como internacionalmente. Las preocupaciones acerca de los sucesos dentro de la prisión van difundiéndose solo a través de los medios sociales a iniciativa de los defensores de los derechos humanos y las asociaciones saudíes de familias. La violenta represión de los manifestantes en Qatif tras el arresto del Sheij Nimr al Nimr, que provocó la muerte de dos manifestantes, y los sucesos actuales en Al-Hayer, crean graves preocupaciones acerca de la situación actual de los derechos humanos en Arabia Saudí. Estos sucesos y el gran número de casos de los que se ha informado de detenciones arbitrarias aumentan las preocupaciones acerca del cumplimiento de Arabia Saudí con sus obligaciones internacionales respecto a las demandas de los opositores políticos y los activistas de los derechos humanos. Rachid Mesli, director del departamento legal de Alkarama señala que “estos hechos plantean muchas dudas sobre cómo las autoridades saudíes responderán a las crecientes demandas de su población de un aumento de la participación política y sobre qué consecuencias tendrá este tipo de represión para el resto de la región”.

   Dada esta alarmante situación, Alkarama hace un llamamiento a las autoridades saudíes para que proporcionen información de lo que está sucediendo en la prisión Al-Hayer y aseguren que las familias tengan acceso a sus familiares. Arabia Saudí debería además poner fin a todas las detenciones arbitrarias y juzgar o liberar a todos los actualmente detenidos con los que no se ha seguido ningún procedimiento legal a fin de cumplir con sus obligaciones internacionales.

Fuente: Rebelión.org

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